Los cerealistas de Huelva no sembrarán este año si las administraciones no garantizan la viabilidad del cultivo
Huelva, 18 de septiembre de 2026. Los cerealistas de la provincia de Huelva han lanzado una advertencia clara a las administraciones: si antes del comienzo de la próxima campaña no se adoptan medidas realmente eficaces para cubrir el insostenible aumento de los costes de producción, muchas explotaciones no sembrarán cereal este año. No se trata de una amenaza ni de una decisión oportunista, sino de la consecuencia inevitable de una situación económica límite. Los gastos medios de producción rondan ya los 900 euros por hectárea, mientras los precios percibidos por el cereal continúan por debajo de los costes. Con las cotizaciones actuales, un agricultor necesita obtener más de 4.600 kilos por hectárea únicamente para no perder dinero, un rendimiento inalcanzable en buena parte de los secanos de la provincia.
La escalada del combustible ha agravado todavía más el problema. En estas mismas fechas del año pasado, el litro de gasóleo agrícola se pagaba aproximadamente a 0,92 euros, mientras que actualmente alcanza los 1,47 euros. Esto representa una subida cercana al 60 % en solo un año, que se traslada directamente a cada trabajo agrícola, desde la preparación del terreno y la siembra hasta los tratamientos y la recolección.
“Los agricultores no podemos seguir sembrando para perder dinero. Si producir cereal cuesta más de lo que obtenemos por venderlo, dejar de sembrar es la única forma de evitar que nuestras explotaciones se hundan definitivamente”, advierte Gabriel Villegas, representante del sector en la Junta Directiva de Asaja-Huelva.
Durante años, numerosas explotaciones cerealistas han podido mantener su actividad gracias a los ingresos procedentes de otros cultivos, pero ese equilibrio se ha roto. Las pérdidas acumuladas por el cereal están arrastrando al conjunto de la explotación y comprometen la viabilidad de empresas agrarias que generan empleo, mantienen actividad económica en los municipios rurales y resultan esenciales para la producción de alimentos.
Opacidad y posible especulación con los fertilizantes
Los cerealistas onubenses denuncian también la grave situación que se está produciendo en el mercado de los fertilizantes. Agricultores y grupos de compra encuentran serias dificultades para obtener precios cerrados de determinadas empresas proveedoras mientras las cotizaciones continúan aumentando.
Esta falta de transparencia impide planificar la sementera, elaborar presupuestos fiables y decidir con un mínimo de seguridad si se puede afrontar una nueva campaña. El sector reclama que las autoridades de competencia y las administraciones agrarias investiguen de inmediato si detrás de esta situación existen prácticas especulativas, retención de oferta o movimientos dirigidos a provocar nuevas subidas artificiales.
No es admisible que un insumo imprescindible para la producción de alimentos quede sometido a la opacidad comercial mientras miles de agricultores tienen que decidir, en cuestión de semanas, si pueden permitirse volver a sembrar.
Ayudas directas antes de la sementera
Los cerealistas de Huelva reclaman a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España una ayuda directa extraordinaria por hectárea de cereal, financiada con fondos adicionales y abonada antes o al comienzo de la sementera. No sirven los anticipos de la PAC ni nuevos préstamos que únicamente incrementen el endeudamiento de unas explotaciones que ya trabajan sin margen. La respuesta debe aportar liquidez real y llegar a tiempo, porque la decisión de sembrar tiene que tomarse ahora, por lo que los cerealistas onubenses exigen a la Junta de Andalucía que responda con determinación y ponga en marcha un apoyo específico adaptado a la gravedad de la situación.
El sector reclama igualmente medidas directas para reducir el coste del gasóleo agrícola y facilitar el acceso a financiación en condiciones asumibles. Estas actuaciones deben ser complementarias y no pueden sustituir a las ayudas directas, porque aumentar el crédito disponible no resuelve la falta de rentabilidad, sino que puede aplazar el problema a costa de incrementar la deuda de los agricultores.
Una PAC adaptada a la realidad del cereal
Los cerealistas exigen revisar la reducción progresiva de las ayudas a partir de las 50 hectáreas. Ese límite ignora por completo la realidad económica del cereal de secano, donde una explotación necesita con frecuencia superar las 100 hectáreas para alcanzar una dimensión mínimamente rentable.
Reducir el apoyo a partir de las 50 hectáreas perjudica precisamente a las explotaciones familiares medianas que invierten en maquinaria, generan empleo, contratan servicios, mantienen actividad económica y sostienen el tejido productivo de los municipios rurales. Sin embargo, actualmente, las medidas benefician incomprensiblemente a los pequeños productores, que en cereal no tienen sentido.
Las políticas agrarias deben respaldar de forma prioritaria al agricultor profesional y activo, es decir, a quien trabaja en el campo, asume el riesgo económico de cada campaña y obtiene de la explotación una parte esencial de su renta. Si se pretende profesionalizar el sector, impulsar el relevo generacional y garantizar su futuro, las administraciones no pueden aplicar la misma consideración a quien depende de la agricultura para vivir que a quien mantiene una explotación como actividad complementaria después de jubilarse.
El reconocimiento de la trayectoria de los agricultores jubilados es plenamente compatible con una distribución de los fondos públicos basada en la actividad real, la dedicación profesional, la generación de empleo y la dependencia económica de la explotación. Las ayudas deben llegar prioritariamente a quienes continúan produciendo y sosteniendo el sector.
Reducción fiscal y cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria
Los cerealistas de Huelva reclaman asimismo una reducción de los módulos aplicables al cereal en el régimen de estimación objetiva del IRPF. La fiscalidad debe reflejar el desplome real de la rentabilidad sufrido durante la campaña y no calcularse como si las explotaciones hubieran obtenido unos beneficios que sencillamente no existen.
También resulta imprescindible aplicar de manera efectiva la Ley de la Cadena Alimentaria. Las administraciones deben actuar de oficio, reforzar las inspecciones y evitar que el cereal continúe comercializándose por debajo de sus costes efectivos de producción. Una ley que no impide que el agricultor venda a pérdidas se convierte en una declaración sin consecuencias y deja al productor completamente desprotegido frente al resto de la cadena.
El sector exige además que los precios y rendimientos de referencia de los seguros agrarios se actualicen para reflejar los costes reales de producción. En las condiciones actuales, muchas pólizas no ofrecen una cobertura suficiente ni garantizan indemnizaciones capaces de compensar las pérdidas sufridas por las explotaciones.
Competencia justa para el cereal producido en Europa
En el ámbito comercial, los cerealistas reclaman que España y la Unión Europea activen las cláusulas de salvaguardia cuando las importaciones provoquen desequilibrios graves, refuercen los controles y exijan verdaderas cláusulas espejo.
El cereal procedente de terceros países debe cumplir las mismas condiciones sanitarias, fitosanitarias, laborales y medioambientales que se imponen a los productores europeos. No puede hablarse de competencia justa mientras al agricultor nacional se le obliga a asumir unas exigencias y unos costes que no se aplican al producto importado.
Las administraciones deben defender también la producción nacional y comunitaria frente a la entrada descontrolada de cereal producido con estándares diferentes. Permitir que el mercado interior se abastezca con importaciones que presionan los precios por debajo de los costes supone condenar a la desaparición a las explotaciones locales y aumentar la dependencia alimentaria del exterior.
La falta de siembra no puede implicar nuevas penalizaciones
Si la ausencia de rentabilidad hace imposible sembrar, las administraciones deberán establecer una excepcionalidad en la PAC que evite penalizar a quienes se vean obligados a dejar la tierra sin cultivar. No sería una decisión voluntaria, sino la consecuencia directa de unos costes inasumibles, unos precios ruinosos y la falta de medidas eficaces.
Resultaría inaceptable que el agricultor sufriera primero las pérdidas derivadas del mercado y fuera después castigado administrativamente por no poder afrontar una nueva campaña. La normativa debe adaptarse a una situación excepcional que amenaza con dejar miles de hectáreas sin sembrar.
Una decisión con consecuencias para toda la provincia
La desaparición del cereal pone en riesgo cooperativas, empresas de servicios agrícolas, transportistas, talleres, proveedores de maquinaria, empleo rural y actividad económica en numerosos municipios de la provincia. También incrementaría la dependencia exterior de materias primas esenciales para la alimentación humana y ganadera.
“Nosotros queremos sembrar y producir, pero no podemos hacerlo a cualquier precio. No pedimos ayudas para mantener artificialmente un cultivo inviable; exigimos condiciones justas para trabajar y competir. Si las administraciones permiten que vendamos por debajo de costes mientras el gasóleo y los fertilizantes se disparan, serán responsables de que miles de hectáreas se queden sin sembrar”, subraya Villegas.
El sector reclama una respuesta inmediata de la Junta de Andalucía, del Gobierno de España y de las instituciones europeas. La sementera no puede esperar promesas, estudios interminables ni anuncios sin presupuesto. Las medidas deben aprobarse ahora porque, cuando los campos se queden sin sembrar y las explotaciones hayan desaparecido, ya será demasiado tarde.
